El antiguo vicealcalde de València, Alfonso Grau, está siendo requerido para cumplir una condena de cárcel de nueve años y dos meses en el caso Imelsa, lo cual representa un incremento en comparación con la sentencia inicial de nueve años. Por otro lado, José Salinas, exdirector de la Fundación Turismo Valencia, y Juan Eduardo Santón, exconcejal y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), también enfrentan un aumento en su condena, que pasa de cinco años a cinco años y dos meses de prisión. Estos tres acusados están siendo castigados con dos meses adicionales de prisión por el delito de falsedad continuada. Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del PP en el Ayuntamiento, mantiene su condena original de un año de cárcel por cohecho.
Durante el noveno día del juicio, la Fiscalía presentó sus conclusiones finales, introduciendo algunas modificaciones respecto a su informe inicial. Se les acusa de posibles irregularidades en la financiación electoral del PP de València en los años 2007 y 2011, las cuales implican donaciones y pagos realizados por empresas. Durante la época de la exalcaldesa Rita Barberá, se procesó a un total de 49 personas, incluyendo al propio PP, concejales y asesores del grupo municipal. Sin embargo, el proceso se archivó para la mayoría de los implicados, dejando únicamente a cuatro acusados.
El nuevo escrito de calificación elimina el delito de blanqueo, que inicialmente estaba presente en la causa, debido a su archivo por parte de la Audiencia. Sin embargo, se mantiene la acusación por malversación y se añade el delito de falsedad documental para Grau, Salinas y Santón. Además, Grau también enfrenta un delito de cohecho, al igual que Fuster.
La Fiscalía ha introducido la atenuante de dilaciones indebidas, considerando que el caso se inició en 2016 y no se llevaron a cabo diligencias relevantes hasta el año 2021. Además, se ha solicitado testimonio por un posible delito de falso testimonio a un exasesor de Grau, quien cambió su versión durante el juicio.
La acusación popular respalda la solicitud de la Fiscalía, mientras que las defensas continúan insistiendo en la absolución de sus representados, alegando la atenuante de dilaciones indebidas. El lunes, tanto la Fiscalía como la acusación popular presentarán sus informes, mientras que las defensas tendrán su turno el martes.
