La nueva ley de demandas colectivas genera preocupación en el empresariado
Las patronales se movilizan para cambiar el texto parlamentario y evitar un sistema como el estadounidense. En Europa, cada ciudadano elige si participar en demandas colectivas, a diferencia de EE.UU. donde se da una “industria de la litigación”.
Alertas de los expertos
El CGPJ, el Consejo Económico y Social y asociaciones como OCU y Facua expresan su apoyo al modelo de inclusión voluntaria en otros países europeos. Dinamarca ya ha adoptado este enfoque frente al sistema estadounidense.
Las industrias más vulnerables
Las patronales, a través de la CEOE, advierten sobre los riesgos para sectores como la salud, automoción, alimentación, energía y finanzas. España se distanciaría de las principales economías de la eurozona manteniendo este mecanismo.
Impacto en los consumidores
Las empresas temen que el proyecto de ley perjudique la tutela judicial efectiva de los consumidores, al imponerles la participación en demandas colectivas. El sistema dificulta la conciencia de los impactos y la posibilidad de optar por una acción individual.
Riesgos adicionales
El sistema propuesto fomenta la judicialización de las relaciones entre empresas y consumidores, alejando la posibilidad de soluciones pactadas individuales. También aumenta la presión de los fondos internacionales de litigación, lo que podría perjudicar a las asociaciones de consumidores.
Preocupaciones empresariales
Las empresas temen una carrera por presentar demandas para obtener altos retornos, con bajos incentivos para informar a los consumidores y permitirles desvincularse. Se plantea el riesgo de que las asociaciones de consumidores desaparezcan y se conviertan en instrumentos de litigación.Las empresas buscan evitar las demandas colectivas de EE.UU.án con el fin de minimizar el impacto contable y proteger su reputación. El riesgo de acuerdos perjudiciales preocupa a las compañías, ya que podrían enfrentar facturas millonarias.
Impacto desequilibrado en indemnizaciones
En Estados Unidos, los principales beneficiarios de las demandas colectivas suelen ser los bufetes de abogados y los fondos de litigación. Según Swiss Re, hasta un 57% de los costos legales e indemnizaciones son destinados a abogados y financiadores, dejando solo un 21% para los consumidores.
Otros estudios revelan que entre el 60% y el 87% de los procesos finalizan sin compensaciones para los consumidores. Además, muchos consumidores desconocen la interposición de la acción debido a la falta de incentivos por parte de quienes representan sus intereses.
De acuerdo con investigaciones, solo el 4,91% de los consumidores incluidos en demandas colectivas recibieron una indemnización en Estados Unidos entre 2019 y 2020. En la mayoría de los casos, las compensaciones fueron mínimas en comparación con los honorarios de los bufetes de abogados.
