El inicio del debate sobre la ley ‘antiocupas’ en el Congreso de los Diputados busca agilizar los procesos de desalojo y penalizar a los ocupantes ilegales con hasta tres años de prisión.
## Impacto en la convivencia vecinal
Se resalta el impacto negativo que tiene la ocupación ilegal en la convivencia entre vecinos y en la estética de las zonas urbanas, permitiendo a las comunidades denunciar acciones perjudiciales y tomar medidas preventivas.
## Devolución de impuestos
Se plantea la devolución de los impuestos relacionados con la vivienda que ha sido ocupada ilegalmente al declarar oficialmente su estado. Además, los beneficios fiscales continuarán si el propietario decide vender la propiedad para reinvertir en otro inmueble.
La autoridad del presidente de la comunidad permitirá reportar conductas perjudiciales y solicitar medidas preventivas, como el bloqueo de puertas y ventanas. La legislación propone el desalojo inmediato de los ocupantes que realicen actividades ilícitas.
También se imponen penas de cárcel para quienes promuevan la ocupación ilegal, incluyendo funcionarios públicos, y se contempla la inhabilitación para cargos públicos de hasta 15 años. Estas penas se incrementarán en casos de ocupaciones violentas o con intimidación.
La ley tiene como objetivo facilitar la recuperación de la propiedad tanto para individuos como empresas, eliminando la posibilidad de juicios populares para casos de allanamiento de morada. Los delitos de allanamiento y usurpación serán juzgados de forma expedita, proporcionando herramientas legales para combatir la ocupación ilegal.
Propuesta de la ley ‘antiocupas’
La normativa propone desalojos en un plazo máximo de 24 horas y penas de hasta tres años de cárcel para enfrentar el problema de la ocupación ilegal de viviendas.
Desalojos rápidos y penas más severas
La propuesta contempla la posibilidad de desalojar a los ocupantes en un máximo de 24 horas, además de imponer una pena de hasta tres años de prisión.
Medidas para combatir la ocupación ilegal
La ocupación ilegal de viviendas es un problema creciente, por lo que esta ley busca ofrecer herramientas legales más eficaces para combatirla y proteger los derechos de los propietarios.